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El profesor Diego Caro Cancela en los Cursos de Verano de la Universidad de Cádiz

20/07/2016

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             Tras la conferencia de José Luis Gutiérrez Molina, e igualmente en el seno del Seminario B18 “Golpe de Estado, Guerra Civil y represión franquista en la provincia de Cádiz. Actualización de su estudio 80 años después, de la 67 edición de los Cursos de Verano de la UCA en Cádiz, tuvo lugar la ponencia del profesor Diego Caro Cancela, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz, titulada “La tarea represora del Tribunal de Responsabilidades Políticas en la provincia de Cádiz”.

 

            El ponente fue presentado por uno de los coordinadores del seminario, el Dr. Santiago Moreno Tello, a cargo del cual estuvo la presentación de los conferenciantes de la sesión de la mañana del 19 de julio.

 

          Comenzó su intervención el Dr. Caro ponderando los estudios sobre la temática abordada por este seminario, y señalando la oportunidad de la puesta al día y la continuidad de la investigación sobre la Guerra Civil y la subsiguiente represión franquista, tanto la ejercida en el propio contexto de la contienda como la llevada a cabo por la dictadura a través de los años y de la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas, el estudio de la cual ha venido a arrojar luz sobre este dramático episodio de la Historia reciente de España produciendo diversas publicaciones como las del propio profesor Caro Cancela.

 

             La represión franquista fue polimórfica (militar, civil, penal, económica…), de acuerdo con el ponente, y se ejecutó no sólo a lo largo de los años del conflicto civil, sino que se prolongó durante los años, de la mano, por ejemplo, de la antedicha Ley de Responsabilidades Políticas (LRP, aprobada en febrero de 1939), que mantuvo su vigor a lo largo de treinta años y que formaría parte del entramado legislativo y administrativo creado por el Estado franquista con vistas a dar solidez a la represión y a la consolidación del nuevo Estado, formando un corpus con la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo (de 1 de marzo de 1940) y con  la Ley de Seguridad del Estado (de 29 de marzo de 1941), siendo éstas las tres leyes fundamentales de dicha trama legal y administrativa del franquismo.

 

              Estos textos legales resumen y rezuman el ideario tópico de la ideología reaccionaria española desde finales del siglo XIX, y responden a la arbitrariedad de la ejecución de la Justicia franquista, representando el armazón jurídico de la represión proyectada contra y ejercida sobre los considerados “enemigos del régimen”.

 

              El profesor Caro Cancela señalaría a Ramón Serrano Súñer, abogado del Estado, pariente del dictador, una figura fundamental de los primeros momentos de la dictadura, como artífice intelectual de este corpus jurídico franquista; el ponente presentó el perfil pronazi de Serrano Súñer y sus estrechas relaciones con las más altas jerarquías del III Reich, algo que se materializaría (entre otras cuestiones) en los acuerdos hispano-alemanes que permitieron la persecución de numerosos republicanos españoles refugiados en la Francia luego ocupada por los alemanes, algo que tuvo como consecuencia la entrega a Franco de no pocos republicanos, como el que fuera presidente de la Generalitat catalana, Lluis Companys, y la muerte de muchos de ellos.

 

             En el campo de la represión, el ponente destacó el perfil económico de la misma, el expolio de las familias consideradas como “enemigas del régimen” ya desde los primeros días de la guerra: al robo despiadado de los bienes de las víctimas del nuevo régimen seguiría el intento de este nuevo régimen por regularizar dichos robos mediante la sistemática de las incautaciones con cierta cobertura “legal”  a través del Decreto de 10 de enero de 1937, por ejemplo, o del Bando de 11 de septiembre de 1936 dictado en Andalucía por el general Queipo de Llano, que trataba de crear un cauce de regularización de estas incautaciones a todas luces irregulares, por las cuales las familias de las víctimas de la represión eran expoliadas, viéndose privadas de sus bienes.

 

              La Ley de Responsabilidades Políticas se promulga, entre otras razones, para dar un cauce legal a la represión, incluida la represión económica, y regularizar lo que hasta febrero de 1939 se había estado haciendo de manera no organizada; señaló el ponente que es uno de los textos jurídicos del franquismo que más claramente vulnera principios jurídicos básicos y que de forma más clara muestra y desarrolla el carácter represor del régimen, condenando, por ejemplo, la actividad política desempeñada a partir del 1 de octubre de 1934, considerando delictivos hechos y actuaciones (la adscripción y militancia política) que en el momento de su desempeño y desarrollo eran, de acuerdo con las leyes republicanas en vigor en dichos momentos, totalmente legales y legítimos.

 

          De esta forma, dicha norma legal (la LRP) directamente vulneraba principios elementales del Derecho, por ejemplo, extendiendo la responsabilidad penal a personas fallecidas, a menores de edad, exiliados, ausentes, desaparecidos…, transmitiéndose incluso dichas supuestas responsabilidades a los deudos de las personas acusadas (caso de las viudas que se vieron obligadas, por ejemplo, a pagar las multas económicas impuestas a sus maridos asesinados por la represión franquista), por no mencionar la propia composición de los tribunales responsables de la aplicación de esta legislación, cuyos miembros no sólo podían (y solían) estar alejados del Derecho, sino que pertenecían al horizonte político e ideológico del bando franquista –lo que precisamente les llevaba a formar parte de dichos tribunales).

 

             Insistió el profesor Caro Cancela en la arbitrariedad del entramado legal, jurídico y administrativo creado por los sublevados, bajo el impulso intelectual del ya citado jerarca del régimen, Ramón Serrano Súñer, algo que se manifestaba, incluso, desde los propios supuestos considerados por la misma LRP para ser encausado, como, por ejemplo, el relativo a la actividad política, real o supuesta, desempeñada por el encausado previamente al 18 de julio de 1936, hasta los distintos tipos de sanciones previstos por dicha ley, como la inhabilitación absoluta o especial, las sanciones limitativas de la libertad de residencia (comprendiendo el extrañamiento, el confinamiento o el destierro), y las económicas, con la pérdida de bienes o el pago de una cantidad fija como sanción (incluso tras la muerte de los enjuiciados, en su caso).

 

             Ya en el caso de la provincia de Cádiz, el ponente señaló las dificultades del estudio de la acción de la LRP debido al problema de las fuentes, algo que lleva al investigador no sólo al estudio exhaustivo de la documentación existente, sino a contar con fuentes como el Boletín Oficial de la Provincia, que recogía obligadamente las consecuencias de la aplicación de la LRP, en teoría ayudando al seguimiento de los expedientes de aplicación de la referida ley, lo que no se cumple al 100%, debido a las propias circunstancias de la época, a las dificultades del seguimiento de los casos por parte de las propias autoridades provinciales del momento, o a la naturaleza de la información enviada por los Juzgados a la administración provincial, con no pocos errores, erratas o falsas atribuciones de vecindad en muchos casos, lo que lleva a que aumenten las dificultades en la investigación.

 

          El trabajo con documentación del Archivo General de la Administración del Estado, de Alcalá de Henares, y la consulta de los archivos municipales de los pueblos de la provincia, así como la historiografía existente sobre el tema, en muchos casos de carácter local, ayudan al desarrollo de la investigación, igualmente, como señaló el conferenciante; de acuerdo con el profesor Caro, la LRP se aplicaría en el ámbito de la provincia gaditana a unas 4000 personas, siendo 1941, con diferencia, el año de mayor volumen de aplicación de la LRP, con el mayor número de expedientes registrados –con harta diferencia- en dicho año.

 

           Junto a la intrínseca arbitrariedad de la Ley de Responsabilidades Políticas (LRP), el profesor Caro Cancela señaló su carácter vengativo, que llevaría a convertir en delincuentes políticos a los dirigentes y cargos políticos republicanos ya ejecutados extrajudicialmente así como a expoliar los bienes de los condenados (muchos de ellos asesinados de forma previa a su “condena”): esta ley marcaría a individuos y familias, acentuando el terror aplicado sobre las víctimas por el Estado franquista desde la impunidad que le brindaba el propio marco legal del que el mismo se había dotado.

 


Manuel J. Parodi Álvarez


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